El Gobierno del Principado ha elevado el tono de sus críticas al Ministerio de Transportes por su intervención en el conflicto abierto con Aucalsa, la empresa concesionaria de la AP-66, a raíz de las obras que se están ejecutando en la autopista y su impacto sobre el peaje del Huerna. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, calificó de «ofensiva para Asturias y su ciudadanía» la posición adoptada por el Ejecutivo central y rechazó que la situación pueda considerarse un «problema puntual», una posición muy distinta a la expresada por el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, que considera «normal» que Transportes se personara en el expediente.
González Prieto cuestionó que el Ministerio haya optado por intervenir en el procedimiento sancionador iniciado por el Principado contra la concesionaria. A su juicio, la situación que soporta desde hace meses la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta no tiene nada de normal. «No hay nada normal en la situación», afirmó la viceconsejera, que consideró que calificar de «problema puntual» las afecciones en la AP-66 supone situar al Gobierno de España «en la defensa de una gran empresa». Para González Prieto, el Ejecutivo central debería haber antepuesto los intereses de los usuarios y de la ciudadanía asturiana a los de la empresa concesionaria.
La representante autonómica también cuestionó los argumentos esgrimidos por Transportes en relación con el peaje del Huerna y reclamó una posición común de las fuerzas políticas asturianas ante el conflicto. «La obligación de las fuerzas políticas asturianas es defender a su gente y no ser débiles ante los poderosos», sostuvo. Uno de los principales motivos de discrepancia es la personación del Ministerio de Transportes en el expediente sancionador abierto por el Principado. González Prieto señaló que el Gobierno autonómico analizará la viabilidad jurídica de esa actuación, aunque puso especialmente el foco en su significado político.
«Parece que se han personado para defender intereses particulares tratando al Gobierno de Asturias como una Administración sin competencias. Esto no es aceptable ni permisible», afirmó. La viceconsejera cuestionó además que la decisión se haya tomado sin coordinación con el Ejecutivo autonómico. A su entender, esa falta de comunicación alimenta la sospecha de que el Ministerio haya cedido a las presiones de la concesionaria. «La personación del Ejecutivo central es política, al lado de la empresa. Tomamos nota», concluyó González Prieto, en una nueva muestra del creciente enfrentamiento entre ambas Administraciones por la situación de la autopista del Huerna.
