El Gobierno de Asturias vuelve a situar el peaje del Huerna en el centro del debate. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha calificado de «injusticia absoluta» que Aucalsa continúe cobrando el canon de la AP-66 pese a las obras y las restricciones que afectan desde hace meses a la autopista que comunica Asturias con León.
El último incidente se produjo la noche del viernes, cuando el desprendimiento de una losa en el túnel del Negrón, el más largo de la autopista, obligó a cerrar la vía durante varias horas. El episodio se suma a los trabajos de reparación de un argayo y a las obras que se están ejecutando en los túneles del Huerna, con carriles cortados, limitaciones de velocidad y retenciones.
Para Barbón, estas circunstancias hacen incompatible el estado actual de la autopista con el cobro del peaje. «La autopista no está en condiciones y, por lo tanto, no está prestando el servicio por el que estamos pagando», afirmó el presidente asturiano en Laviana, donde asistió al descenso folclórico del Nalón. «Lo que se nos está cobrando es una injusticia absoluta», añadió.
El Ejecutivo autonómico reclama por ello la suspensión o una bonificación total del canon mientras no se recupere la normalidad en la circulación. Al mismo tiempo, el Principado ha iniciado un proceder procedimiento sancionador contra Aucalsa que contempla dos multas por un importe conjunto de 1,1 millones de euros.
La batalla de Asturias contra el peaje, sin embargo, va más allá de la situación provocada por las obras. Barbón ha avanzado que su Gobierno seguirá utilizando todas las vías a su alcance para intentar acabar con el canon y ha vuelto a cuestionar la prórroga de la concesión acordada durante el Gobierno de José María Aznar, que extendió el peaje hasta 2050.
El Principado sostiene que aquella ampliación se realizó sin una nueva licitación y recuerda que la Comisión Europea concluyó que la prórroga vulneró el derecho comunitario. El Ministerio de Transportes, no obstante, se ha negado a revisar de oficio la decisión.
Asturias ha decidido llevar el conflicto al Tribunal Supremo y continúa reclamando toda la documentación relacionada con la prórroga para conocer en qué condiciones se adoptó. El objetivo declarado por el Gobierno autonómico es que «la justicia y la legalidad se impongan» y que, finalmente, circular por el Huerna sea gratis.
