Los colectivos Ecologistas en Acción de Astuiras y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico acaban de anunciar la presentación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), de un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del II Plan de Gestión del Lobo y el Programa de Control 2026-2027 del Gobierno del Principado, en el que se plantea eliminar 67 lobos en toda la región. Ambos colectivos aseguran «que se vulneran la normativa europea y los criterios establecidos por el Tribunal Supremo».
Las organizaciones, además, solicitan la suspensión cautelar de ambos instrumentos y de los controles previstos para este mes de septiembre.
Los dos colectivos, empeñados en hacer inviable la ganadería extensiva en la región, vuelven de nuevo, erre que erre, alegar que la Comisión Europea establece que el lobo ibérico es una especie en estado de conservación desfavorable, por lo que solicitan que se paralice la intención del Gobierno de Asturias de eliminar los 67 ejemplares anunciados por la Consejería de Medio Rural. Insisten también en la cantinela habitual de no controlar la disparada población del lobo y tomar otras medidas, «herramientas eficaces –dicen ellos– para minimizar los riesgos, como son la instalación de cercados eléctricos, la vigilancia de rebaños mediante pastoreo presencial y el uso de perros mastines, así como una gestión adecuada del ganado en zonas con presencia de lobos».
