El conflicto por el peaje del Huerna sumó un nuevo protagonista. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se había personado como «parte y persona interesada» en el expediente sancionador abierto por el Principado contra Aucalsa por mantener el cobro íntegro de la tarifa pese a las restricciones y obras que afectaban a la AP-66. El Gobierno asturiano consideraba que la personación encajaba en la normalidad de la tramitación administrativa, pero aprovechaba para reclamar de nuevo al Estado que actuara sobre la concesión y bonificara el 100% del peaje mientras duraran las afecciones.
El expediente contra Aucalsa, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado julio, planteaba una sanción de 1,1 millones de euros: un millón por una presunta infracción muy grave al mantener el cobro íntegro pese al deterioro de las condiciones del servicio y otros 100.000 euros por la información insuficiente sobre las obras y restricciones.
La situación de la autopista se arrastraba desde el desprendimiento de noviembre de 2024, que había obligado a habilitar un bypass provisional, y se había complicado con los trabajos de modernización de los túneles. Las restricciones de velocidad, reducción de carriles y congestiones habían llevado al Principado a reclamar reiteradamente la suspensión o bonificación total del peaje.
Aprovechando la visita a la finalización de los trabajos renovación integral de la carretera SI-13, entre Candín y La Camperona, ejecutadas por el gobierno regional, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, subrayó, a preguntas de los medios de comunicación allí presentes, que el Ministerio «era plenamente conocedor» de la situación y de las reclamaciones trasladadas desde Asturias. Recordó que parte de las obras las ejecutaba Aucalsa, pero otras correspondían al propio Ministerio, como las destinadas a adecuar los túneles a la normativa.
Para García, que Transportes se personara en el expediente era un trámite «normal», ya que el Estado era el titular de la vía y estaba ejecutando parte de los trabajos que provocaban las afecciones. Pero esa circunstancia, sostenía, no podía ocultar la cuestión de fondo. «Lo que reclamamos es que tome plenamente la concesión como propia», afirmó, y que bonificara todos los pasos mientras la AP-66 no recuperara sus prestaciones.
El viceconsejero recordó además que el Principado llevaba meses trasladando formalmente sus reclamaciones al Ministerio y que existía otro frente abierto en torno a la prórroga de la concesión. Bruselas mantenía un procedimiento de infracción sobre esa ampliación, cuestión que Asturias vinculaba a su estrategia para lograr la eliminación definitiva del canon. El procedimiento administrativo debía determinar si el Ministerio estaba legitimado para personarse y qué papel tendría en el expediente. Asturias, mientras tanto, mantenía intacta su reclamación: que los usuarios no pagaran íntegramente por una autopista que, mientras continuaran las obras, no prestaba el servicio en condiciones normales.
