El pasado 13 de abril, la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil de Asturias, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente, tuvo conocimiento de la posible existencia de delitos de maltrato animal e intrusismo profesional tras una denuncia presentada por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM). El escrito alertaba de prácticas irregulares en dos centros de cría de perros situados en Gijón y Don Benito, donde, desde al menos enero de 2024, se estarían produciendo episodios reiterados de cría en condiciones deficientes, con presencia de enfermedades, ausencia de control veterinario y una elevada mortandad, especialmente entre crías con deformidades.
A partir de esa información, se puso en marcha un operativo conjunto en el que participaron agentes de UPRONA y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con apoyo de personal veterinario, un perito forense y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La primera actuación tuvo lugar el 14 de abril en un criadero ubicado en la parroquia de Serín, en Gijón, donde los investigadores examinaron tanto el estado de los animales como las condiciones de las instalaciones, la documentación sanitaria y la situación laboral de la empresa.
Las inspecciones, que se prolongaron en días posteriores, concluyeron con el traslado de 347 perros, entre adultos y cachorros, a distintos centros para su atención. Los informes recabados durante la intervención describen un deterioro generalizado del estado de los animales, con lesiones, patologías sin tratar y signos de abandono. Algunos ejemplares presentaban además conductas compatibles con el miedo al contacto humano, lo que, según las fuentes consultadas, podría ser indicativo de experiencias previas de maltrato.
Entre las afecciones detectadas figuran infecciones intestinales, problemas bucales severos y síntomas compatibles con giardiasis, una enfermedad parasitaria que puede transmitirse a las personas. Este hallazgo motivó la retirada de todos los animales por razones sanitarias. Durante la inspección también se localizaron restos orgánicos de un tumor en una papelera, lo que apunta a intervenciones realizadas sin las garantías exigidas.
En paralelo a la investigación penal, las autoridades han identificado 18 infracciones administrativas en distintos ámbitos, entre ellos la protección animal, la normativa sanitaria y la gestión de residuos. Como resultado de las actuaciones, agentes del SEPRONA detuvieron a cuatro personas, a las que se atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal y maltrato continuado de animales. Tras prestar declaración y practicarse un registro en las instalaciones, los investigados quedaron en libertad a la espera de nuevas diligencias. La investigación continúa abierta.
