La secretaria general del Ayuntamiento de Cangas de Onís emitió un informe el pasado mes de enero, que abala la interposición de recurso contencioso administrativo contra el Decreto 17/2025, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque Nacional de los Picos de Europa en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
La secretaria municipal informaba así la solicitud del alcalde cangués, José Manuel Gozález Castro (PP), para impugnar en los tribunales el PRUG, contra el que ya votó en contra en los órganos del Parque Nacional. Ese fue el primer paso del Ayuntamiento de Cangas de Onís para intentar dejar sin efecto un PRUG que González Castro consdiera «lesivo y que va en contra de los deseos e intereses de los vecinos de Cangas de Onís, cuya opinión no se tuvo en cuenta en toda la larga tramitación del PRUG».
El Consistorio cangués llevará ahora al Contencioso Administrativo la aprobación del PRUG en Asturias, que publicaba el BOPA el pasado lunes y hará lo propio cuando se publique en el Boletín Oficial de Cantabria. Judicializando así la aprobación en los tres territorios que comparten el Parque Nacional de los Picos de Europa.
El tren cremallera
El PRUG que finalmente ahora entra en vigor cierra la puerta, de manera expresa, a que se pueda habilitar un tren cremallera en el espacio protegido, «algo que no aparecía en el primer borrador del PRUG y que se incorporó después, sin atender a al opinión de los vecinos de Cangas de Onís y sin la posibilidad de que se alegase en contra de esta taxativa prohición», denuncia el alcalde cangués, que ya en 2022 apuntó «que todos tenemos claro que el modelo actual de accesibilidad a Los Lagos de Covadonga, con grandes autobuses diésel está trasnochado y la mejor solución, que ya existe en multitud de espacios protegidos de todo el mundo es el tren cremallera, más aún cuando nosotros hablamos del que se proyectó en 1998, que discurre fuera del Parque Nacional hasta llegar, a Buferrera».
En el informe de la secretaria municipal se apunta claramente que «la prohibición radical, en todo el Parque, de la construcción de un tren de cremallera sin la existencia de los estudios previos que determinen la viabilidad o inviabilidad de su ejecución en el Parque, así como los efectos positivos o negativos que su implantación tendría para el medio ambiente, resulta arbitraria, y por lo tanto, ilegal».
Amieva ya tumbó el anterior PRUG
Con un precedente como el de 2005, cuando el primer PRUG del Parque Nacional de los Picos de Europa fue suspendido por una sentencia del Tribunal Supremo que indicaba que nunca entró en vigor, porque con él no se aprobó simultáneamente el régimen económico de compensaciones, tal como exigía desde 1995 la Ley de Declaración del Parque. El recurso entonces fue presentado por el Ayuntamiento de Amieva.
