La prohibición del tren cremallera a los Lagos de Covadonga ha sido hoy motivo de duros reproches por parte del diputado popular Pedro de Rueda a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad y Medio Ambiente del Principado, en el Pleno de la Junta General del Principado. El popular no dudó en acusarle de «faltar a la verdad» en la Comisión de Movilidad sobre la posibilidad de que el Parque Nacional de los Picos de Europa contara con un tren cremallera. Comisión en la que Calvo intentó, según afirma de Rueda, de «justificar una decisión política como una obligación legal».
Es una tomadura de pelo a los asturianos
«El consejero afirmó que el PRUG se limita a cumplir la legalidad vigente, y eso no es cierto», abundó de Rueda, «la ley permite excepciones y abre vías que el propio Gobierno ha decidido cerrar». Una afirmación que, según el popular, «no es una cuestión de legalidad sino de voluntad política» y sustentada en el hecho de que la Ley de Parques Nacionales estipula un marco de garantías que en ningún caso prohibe la existencia de nuevas infraestructuras siempre que estas tengan un motivo de ser.
Crítica a la postura del Gobierno como «freno» al futuro de la zona
En su comparecencia, el parlamentario popular reprochó al Gobierno de Asturias que este artículo se haya incluido sin que existiera un consenso previo ni una explicación de carácter técnico al tiempo que ha recordado que, ya en 2017, se aprobó por unanimidad en la Junta General estudiar la implantación de un tren cremallera. Una infraestructura que, en 2023, el Ejecutivo se planteó analizar. «Han cambiado de opinión de manera unilateral, sin diálogo con el territorio ni con el ayuntamiento afectado y sin aportar informes que lo justifiquen», sentenció.
El mayor "argayo" que frena nuestro futuro no está en la montaña sino en su forma de gobernar
Tras recordar que el tren cremallera es una solución alineada con las medidas europeas para proteger los espacios naturales, de Rueda no dudó en asegurar que «el Gobierno nos condena a un modelo basado en miles de desplazamientos de autobuses, con mayor impacto ambiental». «El problema no está en la ley», aseguró, «están —el Gobierno— bloqueando oportunidades para Asturias».
