Hoy, martes 17 de septiembre, comienza en Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo la vista oral contra dos ganaderos acusados de realizar un vertido de purines al río en Arriondas en 2018. Un hecho que causó daños en las aguas, y que para la Fiscalía del Principado de Asturias debería estar penado con una pena de cárcel de cinco meses además de multas económicas e inhabilitaciones especiales durante meses para desempeñar la profesión de ganadero y de operario de riega.
El Ministerio Fiscal sostiene que, en torno al 27 de septiembre de 2018, uno de los acusados -propietario de una ganadería situada en Parres- contrató para abonar un camión con cuba. Se da la circunstancia de que, en otra ocasión, ya había causado un vertido que llegó a las aguas del arroyo próximo como consecuencia del desnivel propio del terreno, propenso al desplazamiento de líquidos. Algo que no ha pasado desapercibido para la Fiscalía. En lo que respecta al otro acusado, el operario de la empresa que realizó la riega, se le acusa de no tomar medidas de seguridad y de utilizar una cantidad muy superior a la de absorción del terreno.
Por todo ello, la Fiscalía considera que no se tomaron medidas para evitar el vertido a la Riega de Cascona, afluente del río Piloña, en las proximidades del barrio de Castañera en Arriondas. Además el vertido provocó una gran sedimentación, de hasta 15 centímetros, que afectó a la calidad del agua y causó la muerte en la zona de truchas y anguilas. Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por imprudencia grave.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; una multa económica de nueve meses de 20 euros diarios con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y una inhabilitación especial durante nueve meses de la profesión de ganadero para el primer acusado y de operario de riega para el segundo. También tendrán que asumir las costas del juicio.
Por último y por los daños causados a la fauna, el Principado de Asturias reclama una indemnización de 700 euros en concepto de la fauna piscícola destruida. También está pendiente la valoración de Confederación Hidrográfica sobre los daños al dominio hidráulico si se acreditan en ejecución de sentencia.