Javier Fernández, Tellado y la ministra de Agricultura actuaron contra los ganaderos y en favor de las lácteas

Sanción millonaria a la Central Lechera Asturiana y a la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) por pactar los precios de la leche

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Fuentes de toda solvencia confirmaron a El FIELATO que el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, quien siempre se alineó con las Cajas asturianas y no con los ganaderos; José Armando Tellado, director general de Capsa desde hace siete años y la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, fiel colaboradora del Comisario Europeo Arias Cañete, estaban al corriente de la manera de operar a la hora de fijar los precios de la leche en contra de los intereses de unos ganaderos que rehuyen sus responsabilidades cediendo en exceso el control de las empresas a tecnócratas que actúan con impunidad y escasa responsabilidad.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de más de 22 millones de euros (casi 4.000 millones de las antiguas pesetas) a CAPSA y CLAS que, al final, tendrán que pagar los propios ganaderos.
Eso no ocurre en el País Vasco, porque la Cooperativa Kaycu ­Iparlat está directamente vigilada por sus socios, unos ganaderos que siempre toman las decisiones. En CAPSA y CLAS las decisiones sobre los temas técnicos, las toma desde hace siete años José Armando Tellado, siempre muy considerado por Javier Fernández.

Los Ganaderos de Central Lechera se juegan su futuro

Más de una década llevan los periódicos El FIELATO y El NORA denunciando las prácticas abusivas y la gestión en contra de los ganaderos por parte de Pedro Astals y José Armando Tellado al frente de Central Lechera Asturiana y Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA).
Ahora, conocida la multa millonaria impuesta a ambas por pactar el precio de la lecha junto con Nestlé, Puleva, Pascual y Danone, los Ganaderos, dueños de Central Lechera, y los más de 700 trabajadores de CAPSA y CLAS se enfrentan a un futuro muy negro.
Muy pocos saben que la sanción impuesta a Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA) por la Comisión del Mercado Nacional de la Competencia (CNMC) por importe de 21,8 millones de euros, y otros 600.000 euros a Central Lechera Asturiana S.A.T., estaba, según fuentes de toda solvencia, amparada por el Presidente de Asturias Javier Fernández y otras esferas, además de por la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, quienes apoyaron y apoyan incondicionalmente a la Industria frente a los Ganaderos.
Directivos y ejecutivos de CAPSA  aseguraban tras conocerse la sanción que «realizar determinadas conductas en relación con los ganaderos o la gestión de los excedentes no sólo era una práctica inocua, sino que se alineaba perfectamente con los principios de un sector altamente intervenido por la Administración, que propugnaba el equilibrio entre sus diferentes agentes, y en el que la transparencia de precios y el control de la producción eran elementos comunes de la política pública». Fuentes de CAPSA apuntan que el director general de CAPSA, José Armando Tellado, «no sólo estaba al tanto de estas malas prácticas, sino que las apoyaba». En una palabra, actuaban en contra de los ganaderos.
Tellado, empleado indirecto de los ganaderos, ya que CLAS es la mayor accionista de CAPSA, con el 56,37%, ha percibido a lo largo de una década pingües retribuciones provenientes de los resultados de la empresa. El director general cobraba más, porque a los ganaderos se les pagaba menos por la leche, con lo que los resultados de CAPSA engordaban y su porcentaje sobre estos resultados también. Tellado siguió la estela de su predecesor, Pedro Astals, que amasó una más que considerable fortuna, aunque el primero no haga ostentación de la misma, como Astals.
Convocatoria de una
Junta General Extraordinaria
Ante semejante situación, CAPSA y CLAS tendrán que hacer una provisión de fondos para cubrir la sanción, aún recurriendo la misma. Un grupo de compromisarios exigen la convocatoria extraordinaria, en base al artículo 51. 1 de los estatutos de CLAS SAT para, entre otras cosas, someter a votación la expulsión del director General José Armando Tellado y que el Presidente explique los motivos de haber llegado a tan lamentable situación.