Cerca de un centenar de vecinos de Cayés subieron la temperatura del pleno ordinario del mes de abril en el Ayuntamiento de Llanera. Su presencia en la plaza del consistorio desde una hora antes de que los 17 concejales de las distintas formaciones se reunieran en la sala de plenos, portando numerosas pancartas y elevando el ruido de su reivindicación paulatinamente, presagiaba una tarde importante, una jornada «para hacer política» y darle un respiro a un pueblo como Cayés, que ya se ha quedado ronco pidiendo una variante que desahogue de tráfico pesado sus tierras y que ahora se encuentra con una subestación eléctrica que, si bien es necesaria, quizá su emplazamiento no sea el más adecuado.
Antes del inicio del Pleno, el presidente de la Asociación de Vecinos de Cayés, Luis Álvarez, reclamaba una respuesta política “contundente y unánime” para paralizar un proyecto que, a su juicio, supone un “atropello” para la localidad. “Es el momento de la política de altura en Llanera”, señaló, instando a los grupos a estar “a la altura” de una demanda vecinal que considera clara. Álvarez denunció además la falta de diálogo con el equipo de gobierno. “Les invitamos a participar en reuniones con los vecinos y no acudieron. Han dado la espalda a la ciudadanía”, afirmó, mostrando su malestar por la ausencia de contactos institucionales.
El representante vecinal insistió en que la oposición al proyecto no cuestiona su legalidad, pero sí su justicia. “O se está con Cayés o se está contra Cayés”, resumió, subrayando el impacto en la salud, el entorno y la calidad de vida. Asimismo, advirtió de que las movilizaciones continuarán “de forma contundente” si no se paraliza la iniciativa.
El Partido Popular llegaba a Pleno con una moción para paralizar el proyecto de construcción de la subestación de Cayés: «una infraestructura que, aun habiendo sido viable desde el punto de vista ambiental y urbanístico, genera un evidente impacto social, visual y territorial, incompatible con el modelo de desarrollo que debe defender este Ayuntamiento. Porque no todo lo legal es justo», defendió el portavoz popular Silverio Argüelles.
Siguiendo con su exposición, el portavoz popular sostuvo que, durante los dos últimos años, el gobierno municipal ha mantenido una actitud “pasiva”, permitiendo el avance del proyecto sin ofrecer explicaciones suficientes ni plantear ubicaciones alternativas, especialmente en entornos industriales ya consolidados. Además, advirtió de que la instalación condiciona el futuro de la parroquia: “No solo afecta al presente, sino que compromete el desarrollo residencial, social y económico de Cayés”. La moción del PP plantea el rechazo al actual emplazamiento, la paralización del proyecto por parte del Principado de Asturias, el estudio de alternativas y la creación de una mesa de seguimiento con participación vecinal.
El PSOE de Llanera, a través de su portavoz José Antonio González, defendió una postura de “absoluta responsabilidad”, justificando su abstención en el equilibrio entre el rechazo vecinal al emplazamiento y el respeto al marco legal. «Gobernar no es hacer titulares fáciles, es tomar decisiones con la ley en la mano», subrayaron los socialistas, advirtiendo de que paralizar un proyecto con informes favorables podría acarrear consecuencias jurídicas para el Ayuntamiento.
Desde el equipo de gobierno insistieron en que la infraestructura cumple con los requisitos técnicos y ambientales, incorporando tecnología avanzada que reduce su impacto y garantiza la seguridad. Además, recordaron que se trata de una instalación estratégica para el desarrollo industrial del concejo, vinculada a zonas como Asipo y Silvota, y que ya contó con respaldo político en el pasado.
Los socialistas también defendieron que el Ayuntamiento trabaja en analizar alternativas «viables técnica y legalmente», al tiempo que ponen el foco en la necesidad de medidas compensatorias para los vecinos afectados. «El debate no es solo dónde se ubica, sino cómo se protege a quienes conviven con la infraestructura», señalaron, criticando la moción del PP por no ofrecer «soluciones reales» y apostar por lo que califican como «ruido político».
Desde Izquierda Unida, su portavoz Gonzalo Bengoa coincidió en reconocer la preocupación y el rechazo existentes, pero introdujo un enfoque centrado en el marco legal. “No todo lo que es legal es justo”, afirmó, para añadir a continuación: “Si no es justo, legislemos mejor”. Bengoa subrayó que el Ayuntamiento no tiene capacidad normativa para frenar un proyecto que cuenta con informes técnicos favorables, recordando que “aquí no se legisla”.
En este sentido, rechazó las acusaciones de inacción del equipo de gobierno y defendió la necesidad de actuar con “rigor”, respetando los procedimientos administrativos. “No podemos saltarnos la norma porque no nos guste”, insistió, aunque se mostró partidario de buscar soluciones más adecuadas para los vecinos en otras instancias.
Pese a sus críticas a la exposición de motivos de la moción, Bengoa anunció el voto favorable de IU, apelando a la necesidad de diálogo y consenso. “La política es siempre el momento para negociar y coordinar soluciones”, afirmó, defendiendo que se exploren todas las vías legales posibles y se mantengan contactos tanto con el Principado como con el promotor del proyecto.
También Vox respaldó la iniciativa. Su portavoz, Pedro Villafañe, defendió la necesidad de la subestación para garantizar el suministro eléctrico del municipio, pero consideró que existen ubicaciones alternativas, como el entorno del polígono de Asipo, que evitarían el impacto sobre los vecinos.
