La Concejalía de Urbanismo de Llanes ha enviado un requerimiento formal a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias que lidera Alejandro Calvo para que «proceda de manera inmediata» a formular la declaración ambiental estratégica del Plan General de Ordenación de Llanes (PGOLL). Uno del que, según manifiesta el Ayuntamiento, remitió toda la documentación al Servicio de Evaluaciones Ambientales para poder continuar con la tramitación del PGOLL conforme a los artículos de evaluación ambiental.
El malestar por el retraso es manifiesto en el Ayuntamiento de Llanes. Enrique Riestra, alcalde llanisco, afirmaba que «el Plan General de Ordenación de Llanes es un instrumento urbanístico clave para el desarrollo futuro del municipio; y su paralización afecta a la planificación territorial, la ordenación de los usos del suelo y la puesta en marcha de proyectos estratégicos para el concejo».
«Esta declaración ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, gestionada por el PSOE, es paso previo e ineludible para que la CUOTA, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que gestiona Convocatoria por Asturias e Izquierda Unida, se pronuncie a su vez sobre la aprobación definitiva del Plan General», abundaba el alcalde de Llanes, «en los términos establecidos por las disposiciones vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo».
Por su parte, Juan Carlos Armas, concejal de Urbanismo y Patrimonio, recordaba que la Ley establece «un plazo máximo de cuatro meses para la formulación de la declaración ambiental, plazo que ha sido superado sin que se haya notificado resolución expresa alguna». Según denuncia Armas, esta situación «genera una paralización indebida de la tramitación del Plan General, con los consiguientes perjuicios para el interés público», y por lo que el consistorio requiere a la Consejería «de manera inmediata» la declaración ambiental estratégica o, en su defecto, informe detalladamente sobre el estado de tramitación del expediente o las causas que justifican el retraso.
Por último, el Ayuntamiento recordó que la inactividad administrativa podrá provocar «la exigencia de las responsabilidades, así como a la adopción de las medidas legales oportunas para la defensa de los intereses públicos afectados».
