Si se pudieran desvelar los nombres de los militantes del Opus Dei en España haríamos un gran favor a la democracia y a los propios españoles porque la labor de zapa que hacen los miembros de esta organización secreta y sectaria en el desarrollo de nuestras libertades supone un lastre considerable para el funcionamiento de un verdadero Estado de Derecho. Lástima que la ley de protección de datos y la clandestinidad de los archivos de esta peculiar asociación religiosa, cuya misión consiste en defender los privilegios de los católicos, impidan difundir sus nombres y profesiones, siempre arrimados al poder temporal y económico.
De todas formas, aunque es imposible conocer uno a uno a los integrantes de esta mafia blanca, sabemos que tiene una especial incidencia entre los más destacados miembros de nuestra judicatura que, convenientemente adoctrinada, sentencia siempre a favor de los intereses religiosos y en contra del sentido aconfesional del Estado, vulnerando no solo el sentido común, sino hasta la propia ley, porque hay jueces que se consideran tan independientes que lo son hasta de la justicia.
La resolución judicial que en los últimos días obliga al Estado a sufragar los gastos de la concertación escolar de dos colegios que segregan por sexo, incluso desoyendo sentencias del Tribunal Supremo, es otro ataque más de los católicos a la convivencia en nuestro país, y ya son muchas las ocasiones en las que se agreden los sentimientos de los españoles con el visto bueno de algunos tribunales de justicia. A mí cada cual si desea llevar a sus hijos a un centro retrógrado y nacionalcatólico, pero que no me obligue a pagarlo con mis impuestos.
En este país hasta el más palurdo sabe que la Constitución proclama que no se puede discriminar a nadie por razones de sexo. Algunos jueces se hacen los suecos con este precepto. Si personas encargadas de interpretar la ley y la propia Carta Magna se la pasan por el forro de las togas, no solamente ponemos en peligro nuestra convivencia, sino que damos alas a muchos para que desoigan las resoluciones judiciales y burlen el Estado de derecho, dado que los jueces no dan ejemplo.
Es demasiado descorazonador para quienes todavía creemos (ciertamente menos que hace años) en la imparcialidad de la justicia se produzcan estas sentencias que están basadas en la irracionalidad de la fe y en oscuras pretensiones religiosas. Si a algunos magistrados conocidos se les apartó de su cargo por supuesta prevaricación, yo no sé que espera el Consejo General del Poder Judicial para abrir una investigación a estos tipos que aprobaron unas oposiciones y ya nadie les baja del machito.
Independientemente de la antigualla que suponen los conciertos educativos que obliga la ley, cuando la escuela pública está perdiendo unidades, hay objetivos políticos en determinadas instancias jurídicas para salvaguardar sus sentimientos religiosos por encima de los intereses de todos los españoles. Si alguien quiere quitarse la toga y azotarse con un cilicio, está en su derecho, pero que no nos obligue a los españoles a secundarle en sus atávicas costumbres
