Historia del concejo de Parres
En aquel mundo parragués -y asturiano en general- tan rural, eran multados quienes no acudiesen a las cacerías programadas contra determinadas especies. Existía un apartado denominado “animales dañinos”, y se pagaba por su captura; así -en 1878- por una loba muerta se pagaban 10 pts.; 7,50 por un lobo; por un zorro 2,50 y, si era hembra, 3,50 pts., la misma cantidad que por un águila. A veces la picaresca entraba en juego, y el Ayuntamiento decidió que el alcalde del pueblo y el cura certificasen que dicha caza se ajustaba a la normativa. Por otra parte, las niñas y niños cambiaban de casa-escuela según los intereses de los dueños de las mismas, pues cuando la renta les parecía pequeña, rescindían el contrato unilateralmente. La Junta Superior de Instrucción Pública remitió una circular según la cual deberían realizarse exámenes antes de las vacaciones en todas las escuelas del concejo a la vez, serían el día 14 de agosto a las tres de la tarde. Los concejales debían dar fe de que así ocurría y se les asignaron las escuelas a controlar. Al día siguiente, 15 de agosto de 1876 (no fue festivo ese día hasta setenta y cinco años después) Andrés del Llano dimitió como depositario municipal por razones familiares, y propuso a Manuel Glez. Margolles, de Castañera, como apropiado para sustituirle, ofreciendo como fiador a José García Valles, de Arobes. Desde 1872 estaba fijada la paga del depositario de los caudales públicos y, “como premio”, se sumaba a la misma el 1,5% de todas las cantidades que “entren en su poder”. Sin más, el recomendado fue aceptado por la corporación como nuevo depositario.
En ese mismo mes se dispuso de medios económicos para abonar la deuda que tenía el Ayuntamiento con la cárcel de Cangas de Onís por el sostenimiento de presos pobres del concejo de Parres, para los pagos atrasados al personal médico, gastos de oficina, reparación de puentes y por desprendimientos habidos en La Raíz. Fueron abonadas 80 pesetas por la “composición del relox”, y es que al encargado de velar por el reloj de la casa consistorial se le pagaba cada año. Don Vicente Monasterio, secretario del Juzgado, expuso que los nuevos cuadernos del Registro Civil habían costado 421 reales, puesto que los anteriores “fueron quemados por la partida carlista que mandaba don José de Faes”. Efectivamente, entre 1872 y 1876 tuvo lugar la Tercera Guerra Carlista. Tras una reclamación del Juzgado se le abonó esa cantidad, dudando de cómo restaurar los cuadernos quemados por no haber personas capaces para esa clase de trabajos en el concejo.
España deseaba levantar un monumento a Cristóbal Colón en la Rábida (Huelva), y el Gobernador Civil solicitó ayuda a todos los ayuntamientos; el nuestro contestó: “Nuestros ahogos económicos no nos permiten enviar cantidad alguna a tan elevado pensamiento”. Y es que las prioridades eran otras, porque en ese mismo pleno le abonaron al “maestro de la capital” y concejal, don José de Mier, los dos años que se adeudaban del material escolar, para que lo distribuyese proporcionalmente entre las dieciséis escuelas del concejo.
El día de Año Nuevo de 1877 se supo que la administración de la diócesis se había descuidado en cobrarle a la parroquia de Viabaño las colectas de bulas para la predicación que debía haber abonado cinco años antes. Mientras, en tan lejana fecha, Manuel, un vecino de San Juan de Parres, se presentó en el ayuntamiento diciendo que los vecinos le habían elegido como celador, pero que no sabía leer ni escribir, y que sólo llevaba cinco meses en el pueblo, desde que allí se había casado. El consistorio aceptó su reclamación y ordenó la repetición de la elección “porque muy mal podrá hacer saber a los convecinos el contenido de una orden el que no sabe leerla”, dijeron.
Los muchos puentes del concejo se llevaban en cada ejercicio buena parte del presupuesto concejil; puentes de madera, por supuesto, y -en algunos casos- de original denominación; así, para el puente del “Castañar de García”, en La Quintana, 75 pts.; 50 pts. de subvención para la construcción de otro sobre “el río temporero”, en San Pedro de Bode, y otras 40 para el puente sobre el río de Cayarga, para pasar a la iglesia de este nombre. Dos años antes, por el puente que había en La Sala, a la entrada de Arriondas, se le habían abonado 89 pts. a don Antonio Hevia. En el año que nos ocupa de 1877 ocupó la alcaldía don Fernando Miyares y Miyares, según la votación unánime de los quince concejales (tanto electos como continuistas), el cual sustituía a don Joaquín Miyares. ¿Qué comisiones había en el Ayuntamiento? Pues las de caminos, montes, cuentas, ornato y pesos y medidas. Los alcaldes de barrio o “apoderados” eran nombrados discrecionalmente por el alcalde a comienzos de cada año, y se elegía un tallador de mozos para las milicias, así como un facultativo que examinase a los que alegasen impedimentos (que no eran pocos), el cual reconocía también a los padres y hermanos del futuro soldado. Cada año el número de soldados declarados prófugos era alarmante.
