VICENTE G. BERNALDO DE QUIRÓS

Presiones inaceptables

Sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón y Arcelor Mittal

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La puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Gijón, que se encuentra en tramitación, después de que la Justicia le diera la vuelta un par de veces es objeto de lógicas contradicciones e intereses contrapuestos entre vecinos, empresas, urbanistas y asociaciones para tratar de influir en sus regulaciones y calificaciones y obtener el beneficio más adecuado a los objetivos de cada cual. Entre los actores más activos de la movilización empresarial se encuentra la multinacional siderúrgica Arcelor Mittal, que trata de mantener el apellido de suelo industrial para determinadas parcelas que, por el momento, tienen la denominación de medioambientales.

No me escandaliza que la industria defienda sus intereses y presione para lograr sus objetivos, porque es legítimo y, además, puede que tenga razón. Me escandalizaría si los gestores municipales admiten sumisamente sus postulados y le dan la razón por el mero hecho de que emplea a muchos trabajadores.

Sectores de la multinacional han llegado a insinuar que si ponen trabas a su crecimiento y recalifican suelo anexo podría irse con la música a otra parte y, en cierta manera, incumplir sus propios horizontes inversores y deslocalizar la siderurgia. Y eso sí que son presiones inaceptables porque antes que el desarrollo industrial está la salud de los ciudadanos y la contaminación procedente de Arcelor es plenamente demostrable, según diversos parámetros. No se puede contraponer el trabajo a la salud de los ciudadanos.

Las insinuaciones de algunos responsables han sentado mal en medios ecológicos, municipales y políticos. Y hasta el propio presidente del Principado, Javier Fernández, poco dado a los choques de trenes con el empresariado, advirtió hace pocos días en un foro de la patronal que su gobierno no iba a hacer dejación de los presupuestos ambientalistas.

Confío en que Arcelor Mittal no dé pábulo a estas veladas amenazas de algunos de sus responsables y acepte, como no podía ser de otra manera, los criterios de quienes tienen la atribución política de tomar decisiones sobre el PGOU. Por si acaso, sería más que necesario que las amenazas de las multinacionales desde la fuerza de su poder, tengan respuesta de los representantes de los ciudadanos con métodos tan contundentes como los expedientes de expropiación. Que menos.

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