Una ley contra el olvido
Asturias ya tiene su propia ley de memoria histórica que regula la búsqueda de verdad, justicia y reparación de miles de personas asesinadas por el franquismo así como cuestiones vinculadas con la eliminación de los vestigios de la dictadura por diversos medios. No es una ley mejor o peor que la de otras regiones, sino diferente, con la propia personalidad de esta comunidad autónoma y las características de lo que se pretende que sea una ley contra el olvido.
Era necesario que esta ley fuera asumida por la gran mayoría de los ciudadanos para no ser solo una ley de la izquierda, sino de todos los demócratas, pero no fue del todo posible, porque la vergonzosa complicidad de algunos con el régimen del tirano todavía se mantiene. Especialmente hostil fue la intervención del representante del partido de Francisco Alvarez-Cascos, que vuelve a ponerse al lado de los golpistas y en contra de los demócratas con frases que suenan a desprecio por la libertad. Tampoco el PP se sumó a esta necesaria iniciativa que contó, en cambio con el voto de Ciudadanos y los tres partidos de la izquierda en la Junta General del Principado.
La ley tiene muchas cosas interesantes, pero quizá la más novedosa sea la creación de un banco de ADN para que aquellos que buscan a sus antepasados en las cunetas puedan incorporar sus datos genéticos y así hacer más fácil encontrar los restos de sus deudos. Por otra parte, la financiación de todos los gastos corre a cargo de la administración autonómica y eso permitirá que muchos asturianos que carezcan de recursos económicos no tendrán que empeñarse para poder recuperar los huesos de sus familiares, que ya es hora de que salgan de las cunetas y puedan descansar en paz.
España tiene una ley nacional de memoria histórica que si bien es manifiestamente mejorable, permite recuperar las esencias del viejo republicanismo y hacer desaparecer de nuestras calles los odiosos nombres de los militares y civiles asesinos. Pero, algunos jueces se muestran reacios a cumplir la ley y adoptan sentencias que vulneran absolutamente su espíritu.
¿Cómo es posible que algunos magistrados puedan oponerse a la exhumación de los restos del dictador con argumentos del régimen anterior y cómo se permite que una jueza del Contencioso de Oviedo ponga en jaque al ayuntamiento de la capital asturiana hasta el punto de querer impedirle que ponga en las paredes los nombres de demócratas y represaliados y perpetúe el de los asesinos?.
Tenemos que demostrar que vivimos en una democracia y que las normas de la separación de poderes que la caracteriza no sean avasalladas por lo que se creen los dueños de la vaca. Atención, pregunta: ¿el titular de un juzgado que se pasa por el forro la ley de memoria histórica, prevarica?. Pues, entonces, obren en consecuencia.
