El Partido Popular de Siero ha lanzado una seria advertencia sobre las consecuencias que puede tener la aplicación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias en el concejo. Según denunció este viernes Juan Luis Berros, portavoz del grupo municipal, “muchos propietarios de fincas edificables en la zona rural de Siero perderán la posibilidad de construir y parcelar” si antes del 23 de noviembre no regularizan el acceso de sus terrenos a un camino público.
Berros calificó la situación como un “caso paradigmático de confiscación económica injustificada”, derivada tanto de una “disposición legal” como de la “inacción administrativa” y la “ocultación de información interesada”. El problema, según explica el PP, tiene su origen en la falta de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Siero. Aunque el documento contó con aprobación inicial en 2018, el portavoz popular reprocha al alcalde que “se empecina en no llevarlo a cabo”, ni siquiera mediante una modificación parcial o puntual.
El artículo 82 del reglamento autonómico establece que, en ausencia de adaptación del planeamiento municipal, solo podrán autorizarse nuevas edificaciones o parcelaciones cuando la finca linde con un vial público. Esto dejaría fuera a numerosos terrenos que, pese a ser actualmente edificables, no cumplen ese requisito. Desde el PP lamentan además que el Ayuntamiento no haya informado de que existe una posible solución legal: la constitución de servidumbres permanentes de paso antes de esa fecha límite, lo que permitiría consolidar los llamados derechos adquiridos.
Según los cálculos del grupo municipal, alrededor del 40% de las fincas edificables en los 329 núcleos rurales catalogados en Siero podrían verse afectadas. En algunos casos, las parcelas no lindan directamente con caminos públicos; en otros, una eventual segregación generaría nuevas fincas sin acceso, perdiendo así toda posibilidad de edificación. Berros considera que esta situación choca con los discursos institucionales sobre la necesidad de facilitar vivienda digna y asequible y combatir la despoblación rural. “Se condena a los núcleos rurales a crecer solo junto a las carreteras, impidiendo su expansión natural en otras zonas perfectamente válidas”, denunció.
El portavoz popular fue más allá y acusó al actual gobierno local de “dejar morir” la zona rural para evitar el coste de prestar servicios básicos como agua, saneamiento, alumbrado o internet. Ante esta situación, el Grupo Municipal del Partido Popular presentará una moción en el próximo pleno de mayo para exigir al Ayuntamiento tres medidas: informar a los ciudadanos, promover la modificación del planeamiento urbanístico y solicitar cambios legales a las administraciones competentes.
