No han pasado ni 24 horas desde que el Ayuntamiento de Siero anunció la incorporación de un militar en activo de León como comisario de la Policía Local del municipio, cuando el Sindicato Independiente de Policías Locales de Asturias (SIPLA) ha interpuesto una demanda judicial contra el procedimiento de provisión de la plaza para este cargo convocada por el Ayuntamiento de Siero.
Para el sindicato, el proceso «vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública». «Desde esta organización sindical se denuncia que la convocatoria introduce de manera restrictiva la exigencia de pertenecer al subgrupo A1, pese a que dicha condición no figura recogida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) correspondiente al puesto convocado», afirman en su comunicado al tiempo que afirman que este hecho provoca «la exclusión de numerosos mandos de Policía Local del Principado de Asturias que cuentan con la titulación académica requerida, amplia experiencia profesional y trayectoria acreditada en puestos de responsabilidad y mando policial, generando una situación de desigualdad evidente respecto a miembros de otros cuerpos policiales que sí pueden concurrir por pertenecer administrativamente al subgrupo A1».
Más allá de calificar como «grave» que la forma de proceder del Ayuntamiento de Siero limite «el acceso a profesionales sobradamente cualificados mediante un criterio que no aparece reflejado previamente en la RPT», el SIPLA quiere hacer saber su preocupación por «la rapidez con la que se ha procedido al anuncio y publicación del nombramiento del nuevo comisario, sin que conste públicamente una valoración objetiva, transparente y motivada de los méritos, la experiencia profesional y las capacidades de las personas aspirantes al puesto».
Además de recordar que ya había advertido públicamente de esto tras la publicación de las bases –asegurando que los requisitos establecidos «parecían diseñados de manera muy concreta para favorecer un determinado perfil profesional ajeno a la Policía Local»–, el SIPLA sostiene que la demanda judicial busca defender «los derechos de los profesionales de los Policías Locales asturianos» para que sean los tribunales quienes determinen si la convocatoria se ajusta a derecho.
