jueves 24/9/20

Burocracia

Uno de los principales escollos para el crecimiento del país es la burocracia y la normativa absurda a la que está sujeta. Hace unos años un familiar se planteó reabrir un bar que llevaba algunos años cerrado. A simple vista, solo necesitaba una mano de pintura y algunas mejoras estéticas. Hasta que se acercó al Ayuntamiento para informarse sobre los permisos de apertura: instalación eléctrica nueva, baño de minusválidos de no sé cuántos metros... En media hora echaron por tierra su proyecto e ilusión. Una amiga pensó en acondicionar una casa familiar y alquilar el inmueble a través de una página web de reservas turísticas. Se topó con la normativa de viviendas de uso turístico del Principado. Resulta que una casa en la que vivieron sus ancestros desde hace cien años ahora no cumple los requisitos para alojar a más de dos personas.

En Reino Unido puedes abrir un restaurante y ni siquiera tener aseos, en muchos hoteles las habitaciones no disponen de baño propio y la mitad de los pisos londinenses en España no recibirían la cédula de habitabilidad. Tampoco existe restricción alguna para los inmuebles turísticos ofertados a través de Booking o Airbnb. Ellos buscan favorecer el desarrollo económico de familias y empresas por encima de todo.

Gonzalo compró una finca en zona inundable, como muchos otros. El problema no es que prohíban edificaciones en ella, es que además recibió una multa por almacenar canoas en su propiedad

En España, la administración persigue exactamente lo contrario: exprimir al ciudadano o empresario hasta llevarse el último euro de su bolsillo. Y digo yo que, entre una cosa y la otra, tiene que existir un término medio. Debe haber una fórmula que garantice unos mínimos de calidad y permita a la gente ganarse la vida, obviamente tributando por su actividad.

Cuento todo esto a colación de la difícil situación que está atravesando Gonzalo Llamedo, un chaval ribereño cuyo principal delito es intentar hacer lo mismo que el resto de las firmas de turismo activo apostadas a la vera del Sella. Hay cosas que caen de cajón: una empresa de alquiler de canoas tiene que estar cerca del río y las riberas de un arroyo son inundables. ¿Qué hacemos entonces, cerramos todas las empresas ribereñas? Gonzalo compró una finca en zona inundable, como muchos otros. El problema no es que prohíban edificaciones en ella, es que además recibió una multa por almacenar canoas en su propiedad. ¿Es esto legal? Porque en un Estado de Derecho se puede guardar cualquier cosa lícita en una propiedad privada si no supone ningún riesgo. ¿Por qué no le permiten construir en altura o crear un recinto sostenible que pueda desmontar al finalizar la temporada? ¿No existe ninguna alternativa? Es curioso que los técnicos de Confederación hayan encontrado canoas en una finca particular y no hayan visto el bosque que se levanta en medio del Piloña. No hay mayor ciego que quien no quiere ver. ¿Eso no perjudica el cauce del río? ¿no convierte a la capital parraguesa en un punto aún más vulnerable frente a las riadas? Ahora que su dejadez ha permitido la acumulación de toneladas de vegetación, basura y piedra... ¿firman convenios de limpieza con los Ayuntamientos y pasan la patata caliente? Confiemos en que aún quede un mínimo de vida inteligente en la Administración. Todo mi apoyo a Gonzalo Llamedo.

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