Es manifiestamente mejorable el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno de la nación para destinar dinero del superavit municipal para los gastos de la pandemia, pero tampoco es una incautación a mano armada, como critican diferentes sectores vinculados con los concejos.
Hay que tener en cuenta que este dinero sobrante, producto del ahorro a la fuerza que los municipios han tenido que efectuar en los últimos años, como consecuencia de la regla del gasto, lo precisan con urgencia los ayuntamientos para abordar aquellas inversiones y destinos que era preciso poner en marcha cuanto antes, porque las obras que se habían suspendido durante muchos años ya eran inaplazables.
Es verdad que entre 0 euros y 5.000 millones hay un margen importante de maniobra, que se puede ampliar si hay voluntad de acuerdo.
Pero también es cierto que las autoridades nacionales han gastado gran cantidad de millones en solventar las carencias de la consecuencia del coronavirus y por tanto, parece razonable que en solidaridad interterritorial, se alcancen acuerdos para enjugar ese enorme déficit.
Cuando se empezaba con esta división de poderes territoriales emanada de la Carta Magna se había prácticamente consensuado un reparto de los ingresos, consistente en un 50% para el Gobierno de la nación y dos 25% restantes para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. No sé en que habrá derivado este reparto, pero parece que desde la coalición que rige España hay voluntad de mejorar las condiciones de préstamo al Estado central de los beneficios municipales. Es verdad que entre 0 euros y 5.000 millones hay un margen importante de maniobra, que se puede ampliar si hay voluntad de acuerdo.
La posición del PP me recuerda al de aquellos jóvenes violadores que encabezaban compungidos los entierros de las víctimas de sus fechorías y reclamaban justicia y prisión permanente revisable para los autores
Lo que más detesto de esta polémica sobre el superávit de los concejos es la actitud irresponsable del Partido Popular, que fue precisamente quien primero se llevó los ahorros de los ayuntamientos para salvar el déficit inspirado por la crisis estafa de 2008, porque fue su inventor y mantener posiciones alternativas, pero lo que parece despreciable a todas luces es tratar de cargarse la solidaridad interterritorial por intereses electorales meramente
La posición del PP me recuerda al de aquellos jóvenes violadores que encabezaban compungidos los entierros de las víctimas de sus fechorías y reclamaban justicia y prisión permanente revisable para los autores, hasta que la Guardia Civil descubría que el autor de la violación y el asesinato de la pobre chica era el que más exageraba su condición de plañidera. Como dice el refrán, cae primero el mentiroso que el cojo. Y el personal no es estúpido.
