Operación contra el fraude del IVA en hidrocarburos a nivel nacional, con implicados en Siero
La Agencia Tributaria ha desarticulado una red dedicada al fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos con presencia en todo el país. Según la investigación, el entramado habría generado un perjuicio superior a 300 millones de euros durante 2024.
El dispositivo se considera una de las dos mayores tramas de IVA desmanteladas hasta ahora en España en este ámbito. En los registros practicados se han localizado bienes y activos de muy distinta naturaleza, desde inmuebles y vehículos hasta dinero en efectivo, artículos de lujo y metales de alto valor.
La actuación, con apoyo judicial y coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene abierta una segunda fase centrada en el examen de la documentación intervenida y en el rastro del dinero, incluida la operativa con criptoactivos.
Detenidas cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, una de ellas en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales
- Operación ‘Pamplinas Stars’ y detenciones
- Secuencia de operadoras y bajas en el Redef
- Estructura empresarial, testaferros y apoyo legal
- Registros, embargos y activos bloqueados
- Refuerzo normativo y control del IVA en hidrocarburos
Operación ‘Pamplinas Stars’ y detenciones
La investigación se ha desarrollado en el marco de la operación denominada ‘Pamplinas Stars’. En el operativo han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria.
Como resultado, han sido detenidas cinco personas señaladas como responsables de la organización criminal, entre ellas uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión. Se les atribuyen, de forma provisional, delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
Secuencia de operadoras y bajas en el Redef
El origen de la pesquisa se sitúa a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria empezó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que había comenzado a vender grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023.
En ese momento todavía no se había aplicado la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025. Dicha reforma obliga a las sociedades dadas de alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, a presentar declaraciones mensuales y a operar dentro del sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. La operadora investigada presentaba declaraciones trimestrales y solo debía identificar clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria una vez al año.
De acuerdo con los investigadores, la primera operadora habría sostenido el esquema defraudatorio declarando trimestralmente cuotas de IVA devengado muy por debajo de las ventas reales, y cuotas de IVA soportado por encima de las efectivas. La investigación apuntó, además, a la utilización de empresas instrumentales que serían las que, formalmente, facturaban a los destinatarios finales el producto extraído por la primera entidad.
Tras la baja en el Redef de esta primera operadora a mediados de 2024, la operativa habría continuado con una segunda. Esta comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024, pero en apenas un mes también fue dada de baja. En el periodo comprendido entre octubre y noviembre, los cálculos de la investigación sitúan el fraude en 123 millones de euros.
La actividad se habría reactivado a mediados de diciembre de 2024 a través de una tercera operadora que, hasta entonces, vendía hidrocarburo dentro de depósito fiscal, antes de que correspondiera el pago del impuesto especial y el IVA, a otros operadores. A los cinco días del inicio de la actividad fraudulenta, esta entidad también fue dada de baja del Redef.
Una vez inhabilitadas las tres operadoras como mayoristas y fuera del mercado, las diligencias continuaron bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.
Estructura empresarial, testaferros y apoyo legal
El avance de la investigación llevó a la Agencia Tributaria a identificar una estructura descrita como amplia y compleja, integrada por 38 sociedades. El diseño, según la información recabada, respondía a un doble objetivo: facilitar el impago del IVA repercutido y desplazar al extranjero los fondos generados para dificultar su seguimiento.
La organización contaba con una red de testaferros y, según la investigación, con la colaboración de asesorías legales. Parte de los beneficios obtenidos se destinaba a comprar sociedades ya dadas de alta en el Redef, con el fin de mantener la continuidad del fraude.
Esta dinámica habría permitido aumentar con rapidez las ventas a precios bajos gracias a la defraudación del IVA y expandir la operativa por todo el territorio nacional. El impacto sobre la Hacienda pública y sobre la competencia del sector, según se desprende del análisis, se concentraba en periodos muy cortos de actividad efectiva.
El patrón detectado incluía el relevo de operadoras y el uso de sociedades pantalla para sostener la facturación, al tiempo que se intentaba romper la trazabilidad del dinero mediante movimientos y mecanismos orientados a ocultar el origen de los fondos.
Registros, embargos y activos bloqueados
Con los indicios reunidos, el 24 de noviembre se ejecutó la primera fase de explotación de la operación. Se practicaron 18 entradas y registros en inmuebles situados en Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).
Tras los registros, se acordó el embargo preventivo de 82 vehículos de gama media, alta y muy alta, con un valor de mercado estimado en tres millones de euros. También se embargaron dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y 48 inmuebles con una valoración aproximada de 10,8 millones de euros.
De forma paralela, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global superior a seis millones de euros, además de criptoactivos custodiados por ‘exchanges’. Asimismo, se intervinieron 42 relojes de alta gama y 12 bolsos, junto con otros artículos de lujo, con un valor estimado superior a 440.000 euros.
Los agentes también localizaron un volumen relevante de efectivo, entre el que figuran más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia. En el balance consta igualmente la incautación de dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio, con una estimación conjunta de más de 350.000 euros para estos metales.
La operación sigue en una segunda fase, enfocada al análisis de la documentación obtenida. En las actuaciones han intervenido la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.
En el conjunto de la intervención, los efectos asegurados y medidas adoptadas han superado los 21 millones de euros, según el cómputo trasladado en el marco de la investigación.
Refuerzo normativo y control del IVA en hidrocarburos
La cuantía atribuida a las dos últimas grandes organizaciones desmanteladas, en ambos casos del orden de los 300 millones de euros, ha reforzado la relevancia de los cambios normativos y operativos desplegados en los últimos años. Entre ellos figura la reforma incorporada con entrada en vigor en enero de 2025.
La modificación más reciente establece nuevas obligaciones para los operadores del Redef, con declaraciones mensuales y la integración en el SII. Además, de forma inmediata, la normativa obliga a abonar o garantizar el IVA devengado por la salida del hidrocarburo del depósito fiscal con carácter previo a esa salida.