El Gobierno de Asturias anuncia la activación del plan de control del lobo
La Consjería de Mediio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias anunciaba, tras la votación en el Congreso de los Diputados que da luz verde a sacar al lobo del del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), que volverá a activar el plan de control del lobo.
Desde el departamento del consejero Marcelino Marcos Líndez anunciaron que reunirá el 10 de abril al Comité Consultivo del Lobo para informar sobre el programa anual de actuaciones de control de la especie. Tras ese encuentro, la Administración autonómica publicará en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) la resolución que abrirá la vía para la extracción de ejemplares en zonas conflictivas.
El lobo ocupa actualmente el 83% del territorio asturiano y está conectado con el de las autonomías vecinas. Su hábitat, que abarca una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados, asegura la sostenibilidad de la especie y garantiza su favorable estado de conservación.
El Gobierno de Adrián Barbón apunta que la salida del lobo del LESPRE «permitirá volver a aplicar el plan de gestión de la especie en todos sus términos, incluidos los controles de población, paralizados desde 2021».
La salida del lobo del Lespre ha sido recibida con satisfacción por el Ejecutivo autonómico, que desde el principio se había mostrado contrario a otorgar un grado de protección tan elevado a este cánido. El Ejecutivo siempre ha defendido la misma postura: la aplicación del plan de gestión autonómico, que permite la coexistencia de la especie con la práctica de la ganadería extensiva.
400 lobos en Asturias
Asturias cuenta ahora con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, de modo que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 ejemplares. Esta cantidad supone un crecimiento del 18,4% si se compara con los datos del período 2013-2018 y consolida la tendencia de expansión de la especie.
Desde la Consejería apunta que la inclusión del lobo en el LESPRE «ha generado consecuencias negativas». La suspensión de las acciones de gestión que acarreó esta medida ha incrementado las situaciones conflictivas relacionadas con la especie, como los ataques al ganado y una mayor sensación de inseguridad entre la población de la zona rural. Estas circunstancias han deteriorado la percepción social del animal y de la fauna en general, al tiempo que han alimentado un repunte de las prácticas de furtivismo.