La Fiscalía del Principado de Asturias solicitará 25 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados de matar en Belmonte de Pría al concejal llanisco Javier Ardines. Así, pide que por el crimen del edil respondan el inductor (español); el mediador (español), en condición de cooperación necesario; y los dos sicarios (argelinos), en condición de coautores.
Además, el Ministerio Fiscal ha solicitado la prohibición de aproximarse a la familia de la víctima (esposa y dos hijos), así como pagarles una indemnización de 113.000 euros a la viuda; 30.000 al hijo y 25.000 a la hija (por ser en aquel momento independiente económicamente).
La vista oral por la muerte del edil en agosto de 2018 se celebrará ante un Tribunal del Jurado a partir del viernes, 29 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo. Comenzará a las 10 horas, aunque ese día está prevista únicamente la selección de los miembros que integrarán el tribunal popular. El resto de sesiones se prolongarán a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre. La última jornad, salvo modificaciones, será el 3 de diciembre.
El inductor descubrió la relación extramatriominial de su esposa con Javier Ardines, tras grabar con su móvil una conversación entre ambos.
Según la Fiscalía la esposa del inductor -prima de la esposa de Ardines- mantenía con el concejal una relación “que duraba ya más de 30 años” cuando se cometieron los hechos. La relación extramatrimonial “se desarrollaba en Llanes”, donde vivía Ardines a donde la mujer se desplazaba en períodos vacacionales (que vivía junto al inductor y sus hijos en el País Vasco). Ambos, continúa el Ministerio Fiscal, “mantenían esta relación de forma encubierta y al margen de sus respectivos matrimonios” hasta que el diciembre de 2017 el inductor descubrió el idilio “tras grabar con su móvil una conversación entre su esposa y el fallecido”. Así se lo hizo saber a ella, y aunque siguieron conviviendo como pareja, el inductor y “con el fin de controlar a su esposa y ante el temor de que ésta tuviera algún otro encuentro sexual con el fallecido, visitó tiendas online de venta de objetos de videovigilancia encubierta, micrófonos, dispositivos de vigilancia para vehículos y dispositivos de seguimiento para vehículos, y otras destinadas a la realización de pruebas de ADN para determinar la paternidad”.
Tal como narra la Fiscalía, en julio de 2018 el inductor “ante la proximidad de la época estival, y sabiendo que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines., tomó la decisión de acabar con la vida de éste”. Para ello, siempre según el Ministerio Fiscal, contactó con un mediador a quien pidió “que buscase a personas que pudieran ejecutar los hechos”. Así, éste planteó a un sicario el plan que, “tras una reunión en la que se llegó a un acuerdo sobre el precio a pagar, decidió actuar conjuntamente” con un segundo sicario.
El 27 de julio, el inductor, el mediador y uno de los sicarios, “viajaron a Belmonte” para que los dos primeros “dieran las indicaciones necesarias” al tercero “para acabar” con Ardines. Según la Fiscalía, el inductor “tenía un conocimiento exhaustivo tanto de la zona donde se llevarían a cabo los hechos como de las costumbres de la víctima”, que cada día se levantaba al alba para acudir al puerto de Llanes y desamarrar su embarcación Bramadoira con el fin de ir a faenar. Allí planearon “una emboscada para asegurarse el resultado” del plan.
Aunque las cosas no salieron bien a la primera. “En la madrugada del 1 de agosto de 2018, los sicarios se desplazaron nuevamente a Belmonte con el único propósito de matar a Javier Ardines y, una vez allí, colocaron una valla metálica de obra en un camino por donde previsiblemente pasaría la víctima”. El lugar, continúa el escrito fiscal, “era el propicio para cometer los hechos por ser una zona rural aislada y boscosa, rodeada de prados y monte bajo”, pero, a las seis de la mañana, cuando el concejal salió de su casa para ir a trabajar y se topó con la valla, la sorteó y se alejó en su vehículo del lugar.
A raíz de ese sucedo, uno de los sicarios “mostró su reticencia a ejecutar los hechos, por lo que el inductor le ofreció más dinero y le informó, en una reunión, que no debía matar a Ardines hasta pasado el 10 de agosto, fecha en la que terminaban las fiestas locales”. Antes de ese momento, “habría mucha gente” en la zona.
Así, en la madrugada del día 16 de agosto, sobre las cuatro y media de la mañana, “con tiempo suficiente para preparar una emboscada mejor, los sicarios llegaron a Belmonte y colocaron en el mismo camino, transversalmente, dos vallas más (la primera, del día 1, continuaba allí). Lo hicieron de forma que impedían el paso de cualquier vehículo, para asegurarse de no fallar e incrementar el tiempo disponible para abordar al edil, y además, para tener más garantías de acierto y anular la posibilidad de defensa de la víctima”. Cada sicario llevaba consigo un bote de spray de pimienta, uno de ellos portaba un palo y el otro un bate de baseball. Tendida la emboscada “se escondieron junto a un muro y esperaron” a que a las seis de la mañana, Ardines saliera de su casa. Al llegar al punto tapiado, se bajó del vehículo para apartar las vallas. Dejó el motor del vehículo activo, las luces encendidas y la puerta del piloto abierta. En ese momento, “los sicarios salieron de su escondite súbitamente y rociaron al concejal con el spray de pimienta. La víctima echó a correr, perseguido por los acusados. Fue alcanzado al ser golpeado en la cabeza bien con el palo o con el bate. Cayó al suelo de rodillas y seguidamente, boca abajo. También fue estrangulado por detrás por alguno de los dos acusados, en cualquier caso, puestos de común acuerdo. La víctima no pudo defenderse, tan solo colocar de forma intuitiva su brazo derecho como escudo. Una vez en el suelo, fue sujetado y/o arrastrado unos metros. A consecuencia de la agresión, falleció”, relata el Ministerio Fiscal.
Tras los hechos, uno de los sicarios entregó al otro “una cantidad de dinero por el trabajo realizado”.
Iniciada la investigación, el 18 de febrero, “se acordó la entrada y registro en el domicilio de uno de los sicarios en Bilbao, y se halló en su interior, entre otros efectos, un spray de defensa persona, un spray aerosol de pimienta, 7 navajas, un Taser de 3.800 voltios, un Taser en forma de puño americano y varios cartuchos”.
