Opinión

Las consecuencias de la protección de la Plaza de Abastos de Ribadesella

Plaza de Abastos de Ribadesella

Hace unos días concluía el periodo de exposición pública del expediente de inclusión de la Plaza de Abastos de Ribadesella en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Sería conveniente comunicar a los vecinos las consecuencias de esta acción, con el objeto de que tuvieran toda la información necesaria para formarse una opinión.

En primer lugar, debería de aclarase la titularidad, ya que en el año 2020 caducaba la concesión que tenía el Ayuntamiento del suelo portuario donde se ubica la construcción.

Es unánime en la normativa que se trata de un espacio público que debe dedicarse a cubrir necesidades de todo tipo de los riosellanos y una de esas necesidades prioritarias es un puente que responda a los parámetros de accesibilidad y movilidad ecoeficiente

Urbanísticamente el suelo está dentro del sistema general público de puertos, la catalogación del suelo en el PGOU en tramitación y en las NN.SS. en vigor es de “suelo urbano equipamientos” y en el EIGPLA (estrategia Integrada de Gestión Portuario Litoral del Principado de Asturias, aprobada inicialmente por la CUOTA con fecha 16 de octubre de 2016) se califica como Zona Dotacional, en la que “son usos característicos los propios de la vida urbana o prestan servicios a sus ciudadanos, relacionados o no con la actividad portuaria”. Coinciden pues todos los documentos en la importancia del espacio para dotar a la población de equipamientos. La lógica y el sentido común debería de llevar a la conclusión de que no tiene sentido como “suelo portuario” el suelo (al menos) del puente hacia arriba, pero la lógica choca con la burocracia administrativa con demasiada frecuencia.

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Plaza de Abastos de Ribadesella. FOTO: Google.

Para poner en funcionamiento el edificio con los parámetros de seguridad, habitabilidad y accesibilidad que se exigen a los edificios de pública concurrencia, habría que invertir una cantidad por encima de los 700.000 euros

Pongamos el foco en su estratégico emplazamiento; como anteriormente se describe, es unánime en la normativa que se trata de un espacio público que debe dedicarse a cubrir necesidades de todo tipo de los riosellanos y una de esas necesidades prioritarias es un puente que responda a los parámetros de accesibilidad y movilidad ecoeficiente. Por lo que aparece en prensa, está bastante avanzado un proyecto de ampliación del puente que si de verdad es ambicioso (y no responde solo a colocar un pretil de seguridad y ampliar ligeramente las aceras) precisaría espacio suficiente en ambos extremos, lo que implicaría “invadir” el ámbito de protección del edificio.

Otro punto interesante a tener en cuenta es la opinión de los vendedores del mercado semanal. Hace años los que estábamos gobernando hablamos con ellos de su posible traslado a la plaza de abastos y alrededores y nos encontramos con su rotunda oposición. “La gente no irá hasta allá porque es una zona poco apacible en invierno y con mucho tráfico en época estival”.

Debería de hablarse claramente y poner sobre la mesa las ideas de todos los representantes municipales sobre un tema que resultaba “fundamental y prioritario” en las dos pasadas legislaturas y que ahora parece que se trata de puntillas​

En el año 2018 se realizó a instancia municipal, el único informe técnico existente sobre el estado del edificio y su posible utilización. Los datos, que no han sido refutados por ningún otro estudio, reflejan una realidad de la que parecen abstraerse algunas personas y que llevan a concluir que para poner en funcionamiento el edificio con los parámetros de seguridad, habitabilidad y accesibilidad que se exigen a los edificios de pública concurrencia, habría que invertir una cantidad por encima de los 700.000 euros. Su utilidad queda bastante mermada al tener que demoler los añadidos (todos los cierres que se hicieron perimetralmente y las reformas interiores) resultando un espacio en el interior muy limitado de apenas 270 metros cuadrados. Todo ello al margen de las valoraciones que se puedan hacer sobre el propio interés arquitectónico que no puede condicionar el debate sobre la situación urbanística de ese ámbito urbano.

Cabría preguntarse pues: ¿Qué necesidades puede cubrir el edificio? ¿es conveniente y oportuna la inversión que supone ponerlo a punto? ¿es razonable condicionar el capítulo de inversiones municipal de varias anualidades para acondicionar un espacio susceptible de dar cabida a una cincuentena de personas? O, si vamos más allá, una vez aprobada la protección ¿Quién está obligado a acondicionar y mantener el edificio protegido? ¿Puertos como propietario del terreno? ¿El Ayuntamiento?

Desconozco si el equipo de gobierno municipal ha renovado la concesión del suelo. También desconozco si ha presentado alegaciones a lo que personalmente considero que es una hipoteca para el desarrollo de Ribadesella. Desde luego no es momento de “ponerse de perfil”, a los representantes públicos se los elige para que tomen decisiones para que proporcionen respuestas. Debería de hablarse claramente y poner sobre la mesa las ideas de todos los representantes municipales sobre un tema que resultaba “fundamental y prioritario” en las dos pasadas legislaturas y que ahora parece que se trata de puntillas.