sábado 25/9/21

Las aguas bajan bravas

No seré yo quien defienda ni ponga la mano en el fuego por el propietario de una empresa de aventuras que alquila canoas para bajar por el río Cares, en la que murió una niña madrileña de 14 años. El dueño de la empresa está detenido por lo que parece un incumplimiento de medidas de seguridad estrictas para el funcionamiento de la actividad y por la falta de algunos requisitos.

Ya digo de mano que si el empresario cometió irregularidades que fueron las causantes de la muerte de la pequeña, está bien empurao y además es lógico que caiga sobre él todo el peso de la ley porque las carencias en materia de permisos no son permisibles en una actividad tan peligrosa como la de bajar en canoa por aguas bravas.

En Lorca, un ecuatoriano que recogía fruta fue abandonado, nadie sabe por quién, frente a un centro de salud, prácticamente moribundo, después de haber trabajado al sol con temperaturas elevadísimas.

Lo que sí quiero constatar es que, en todos los accidentes por imprudencia que sucedan en este país, tienen que darse y tomarse las mismas medidas para quien sea responsable, y no encuentro parangón entre el empresario de aventuras y el caso de ecuatoriano muerto en Lorca por un golpe de calor y que fue abandonado junto a un centro de salud y que se solventó, al menos por el momento, con una infracción administrativa.

Cierto es, como señalan muchos juristas que no todos los casos son iguales y en algunas circunstancias lo que podría parecer similar es diferente, pero por muchas vueltas que le doy no encuentro ningún motivo para tan distinta medida adoptada por los magistrados encargados de la instrucción.

En Lorca, un ecuatoriano que recogía fruta fue abandonado, nadie sabe por quién, frente a un centro de salud, prácticamente moribundo, después de haber trabajado al sol con temperaturas elevadísimas. Tras una supuesta investigación, la jueza correspondiente zanjó el asunto sin inculpar a nadie penalmente y resolviendo que se trataba de una infracción administrativa.

El empresario asturiano de aventuras no dejó el cadáver o se escondió, mientras que el propietario de la empresa hortofructícola, tiró al enfermo como quien se deshace de una camiseta usada, sin saberse si el fallecido había sido contratado legalmente o tuvo que coger este trabajo porque no tenía más remedio si quería comer.

Son dos circunstancias muy parecidas, aunque, realmente, no son iguales, pero sirven para mostrar cierta sombra de duda acerca del funcionamiento de la justicia en uno y otro caso, que deberían explicarse mejor para evitar que los españoles pensáramos mal de los sentenciadores.

Confío en que nada tenga que ver para la resolución procesal que la niña de 14 años perteneciera a una familia rica y poderosa de Madrid con posibles para interponer querellas a tutiplén, mientras que el ecuatoriano que la espichó por un golpe de calor era un pobre hombre, sin beneficio alguno y que emigró a España para labrarse un futuro mejor.

Siempre hubo clases sociales y los que están en la cresta de la ola de la desigualdad tienen peores condiciones para que se haga justicia verdadera, pero en un Estado de derecho como en el que todo el mundo dice que estamos, estas circunstancias no tienen porqué hacer evidente la lucha de clases.

Cuanto antes nos enteremos de las diferencias judiciales entre un caso y otro acerca de la culpabilidad y responsabilidad de quien causó la muerte de ambas personas, mucho más tranquilos nos quedaremos y respiraremos mejor. Mientras tanto, las aguas no solo bajan bravas, sino también turbias.

Las aguas bajan bravas
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