Opinión

El muerto al hoyo

Lo primero que se preguntaron miembros de la asociación de padres y los directivos del colegio de San Vicente, en Gijón, al poco de producirse el fatal accidente de trabajo que costó la vida a dos empleados de una pequeña empresa que estaban reparando el techo del centro educativo, fue lo que pasaría con sus hijos y el conjunto de los alumnos que estaban a pocos días del comienzo de las clases y se dudaba del lugar en que podrían recibirlas.

Entendiendo todo lo entendible, echo en falta una dosis de solidaridad en padres y dirección solamente preocupados por las clases de sus hijos

Aún calientes los cuerpos inertes de los fallecidos ya se desvió la natural inquietud del conjunto de los ciudadanos por saber qué había ocurrido para que la víspera del día de Reyes dos jóvenes obreros con hijos fueran sepultados por una enorme cantidad de tierra al ceder el techo del colegio, por la pregunta (creo que no era el momento pertinente) de dónde darían clase los alumnos de este centro concertado, mientras las investigaciones descubrían que el mantenimiento del colegio dejaba mucho que desear.

Yo puedo entender la preocupación de los padres por la situación en la que quedaban sus hijos que reanudaban sus clases pocos días más tarde, pero parece totalmente improcedente exigir la presencialidad cuando todavía no se habían retirado todos los cascotes consecuencia del accidente y faltaba por determinar si habría que esperar o no a que se hiciera un exhaustivo informe. Es verdad que tener que lidiar con las criaturas en casa con clases informáticas, mientras los papás se ganaban el dinero necesario para seguir pagando el recibo de la luz, es una auténtica faena, pero vale más que los niños se queden en casa que corran peligro bajo las paredes del centro.

Entendiendo todo lo entendible, echo en falta una dosis de solidaridad en padres y dirección solamente preocupados por las clases de sus hijos, sin que se pararan a pensar en otras cuestiones, quizá más importantes, aunque para ellos prosaicas, que tienen que ver con la vida, la muerte y la seguridad de los ciudadanos y de los viandantes. Hubo toda una obsesión por reclamar un centro sustitutivo para los alumnos, incluso exigiendo a las administraciones públicas celeridad y determinación en el reemplazo.

El colegio San Vicente de Paul, en Gijón, es un centro concertado por el que algunos padres en esa sacrosanta libertad de elección de la escuela para sus hijos han decidido que es el mejor lugar para educarlos. Y a mí, salvo que tengo que pagar impuestos para ello, me parece que no tiene ninguna vuelta de hoja más. Pero, parece obvio que no hay que exigir a las administraciones públicas una salida inmediata cuando desde la propia institución que rige el centro, las Hijas de la Caridad, podría darse una alternativa con mayor rapidez.

Lo curioso de la impertinencia de algunos de los padres afectados es que cuando en una red social instaron al presidente del Principado a no quedarse parado, éste contesto que lo que podía garantizar era espacio para esos niños en un colegio de titularidad pública. La desabrida contestación de algún afectado por la respuesta de Adrián Barbón deja bien a las claras que para algunos la escuela concertada no es una elección, sino una imposición que tienen que pagar todos los españoles para mayor gloria de Dios.

Al final, y después de varios días de presión ciudadana y mediática, se resolvió la ubicación de los chavales de la manera más sencilla posible y que podría haberse solventado a las pocas horas del accidente, sin alharacas ni malos modos. Los estudiantes del San Vicente irán a otro centro educativo que es también propiedad de las Hijas de la Caridad. Tan simple como eso y sin que fuera preciso que se aprovechara que el Piles pasa por Gijón para montar bulla. Y el vivo, al bollo.