En ocasiones, pocas, es cierto pero algunas hay, la Unión Europea adopta medidas tendentes a acabar con las injusticias normativas que se aplican en algunos países miembros. No abundan porque en Bruselas gusta más la Europa de los mercaderes que la Europa de los ciudadanos, pero resulta gratificante que de vez en cuando se ponga de parte de los buenos y difunda los errores y anomalías de determinadas relaciones contractuales.
Así sucede en el caso de la autopista del Huerna, la vía de peaje que transcurre entre Asturias y León y que los responsables comunitarios piensan que la prórroga de 50 años en el pago por su tránsito que se declaró en tiempos del Gobierno Aznar no se ajusta a derecho, porque fue aprobada sin que hubiera elementos que justificaran esta medida.
La Unión Europea, además de considerar ilegal que la prórroga siga afectando a las comunicaciones entre dos comunidades asturianas, planea la posibilidad de que se ponga término al peaje, lo que ha caído muy bien entre los múltiples usuarios de esta vía de comunicación que están hartos de alimentar los bolsillos de la empresa concesionaria, Aucalsa, y que ha obrado con irresponsabilidad en muchas ocasiones.
La prórroga fue adoptada en tiempos del Gobierno del Partido Popular en el que Francisco Álvarez Cascos fue vicepresidente del Ejecutivo y, en aquellas fechas, el político gijonés no dio razones suficientes y de peso para explicar este incremento de 50 años en el pago de los peajes, a pesar de que todos afirman que Aucalsa había rentabilizado notablemente su inversión.
Pero hete aquí que Ripa tenía razón y ahora, tiempo después de la denuncia y tanto que hasta que su mentor ha sido expulsado de Podemos, la Unión Europea le da básicamente la razón y apunta que es preciso que se ponga término a una injusticia de muchos años y a unos ingresos poco justificados por parte de la empresa concesionaria del servicio.
Fue la organización de Podemos en Asturias y, en concreto, su portavoz autonómico en aquella época, Daniel Ripa, quien decidió plantear el asunto a la Comisión Europea porque opinaba que la prórroga era totalmente ilegal y no se ajustaba a las necesidades de la situación económica del momento. El hecho de que fuera un partido no convencional quien hiciera esta demanda sorprendió a muchos y llegó a molestar a la casta, por no contar con los partidos mayoritarios. Ocurrió prácticamente lo mismo que con la denuncia de Andecha Astur por los sobrecostes de la obra de ampliación del puerto de El Musel, hasta el punto de que a los asturchales a punto estuvieron de lincharlos en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Pero hete aquí que Ripa tenía razón y ahora, tiempo después de la denuncia y tanto que hasta que su mentor ha sido expulsado de Podemos, la Unión Europea le da básicamente la razón y apunta que es preciso que se ponga término a una injusticia de muchos años y a unos ingresos poco justificados por parte de la empresa concesionaria del servicio.
Lo curioso es que Aucalsa, lejos de guardar prudente silencio y ocultar sus vergüenzas en privado, ha salido a despotricar contra la Unión Europea posiblemente porque le duele enormemente en el bolsillo que le retiren la canonjía que les donó Francisco Álvarez Cascos y se queden con un dinero que, para Bruselas, no es nada suyo sino del conjunto de la ciudadanía.
No sé yo si al final la recomendación de la Unión Europea va a surtir o no efecto. Aquí retirar los privilegios heredados a quienes los mantienen de manera injusta siempre ha sido muy difícil, y ya hay autoridades y economistas que plantean prudencia al respecto. Pero uno sostiene que ya está bien de sobreingresos por parte de algunas empresas y, si al final las cosas acaban en juicio, todo sea por los bolsillos de los conductores y no por los dividendos de Aucalsa. Porque, además de legal y legítimo, el fin de la prórroga es absolutamente moral.
