martes 27/7/21

El pacto del aluminio

No sé si coincidiréis conmigo en la crítica a la tenue defensa por parte de los poderes públicos de la actividad industrial de la vieja Alcoa, ya que cuando se trata de defender intereses de las empresas financieras, estamos muy prestos al quite, pero si los trabajadores reclaman una intervención estatal, nos hacemos un poco los maliciosos. A mí, personalmente, me produce bastante enfado.

Llevan ya demasiados meses los representantes de los empleados de lo que todavía se llama Alú Ibérica tratando de convencer a quien corresponda para que no se demore más una solución económica, y por ende política, a las vicisitudes de la plantilla de lo que fuera la empresa asturiana de aluminio, heredera de Inespal, sin que los propietarios del Boletín Oficial del Estado digan, claramente, que esta boca es mía.

Es por eso absolutamente imprescindible que el Gobierno de la nación tome nota del pacto por el aluminio que han suscrito los ayuntamientos de Avilés y La Coruña, pero que parece que es ampliable al de Lugo y ponga en marcha las medidas necesarias para salvar la industria alumínica en el noroeste de España

Y el problema de la demora irresponsable en una solución es que, no solo los trabajadores están pagando el pato de la crisis, con angustias e incertidumbres evidentes, sino que la competitividad de la fábrica y del conjunto de la empresa está haciendo aguas para demérito de la situación económica de la región y para alegría de las competencias extranjeras.

Y yo no sé porque tanto remilgo por parte de las autoridades (autonómicas y nacionales, que aquí hay para todos) cuando existen previsiones constitucionales que apuntan hacia soluciones de expropiación que acabarían con las especulaciones y el cachondeo a los intereses nacionales. Pero para algunos (y es curioso que incluso para la izquierda), la Carta Magna empieza y acaba en la unidad territorial.

Que los dirigentes empresariales, esos que tanto alardean del libre mercado y el compromiso con la sociedad, se larguen cuando los beneficios no son los deseados y dejen el pancho a una sociedad de capital riesgo ya es habitual, que es como dejarle el barco a los piratas que lo tratan de abordar,

Es por eso absolutamente imprescindible que el Gobierno de la nación tome nota del pacto por el aluminio que han suscrito los ayuntamientos de Avilés y La Coruña, pero que parece que es ampliable al de Lugo y ponga en marcha las medidas necesarias para salvar la industria alumínica en el noroeste de España y libere al sector del chantaje de los fondos buitres que, como el timo del tocomocho, quiere hacer dinero a costa de los más tondos del pueblo.

Que los dirigentes empresariales, esos que tanto alardean del libre mercado y el compromiso con la sociedad, se larguen cuando los beneficios no son los deseados y dejen el pancho a una sociedad de capital riesgo ya es habitual, que es como dejarle el barco a los piratas que lo tratan de abordar, mientras los currelas, que han puesto sus recursos en manos de los jefes para salvar los muebles, se queden con un palmo de narices.

Y es verdad que el Gobierno del Principado no es el máximo responsable de la historia. Pero debería tener más vergüenza torera y al igual que mueve el culo por el estatuto electrointensivo y quiere firmar un pacto por la industria, debería mojarse mucho más y liderar una plataforma que exija al Gobierno central, aunque a Nadia Calviño le salgan sarpullidos, la nacionalización o, al menos, la intervención de Alu Ibérica, para no ver los toros desde la barrera. Es lo menos que le podemos pedir al Principado. El último esfuerzo, que diría Adrián Barbón.    

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