La reorganización de las comarcas en Asturias para la gestión de casos de violencia de género trae consigo cambios significativos en la administración de la justicia en la región. Esta nueva estructura obliga a que ciertos concejos, como el de Cangas de Onís, realicen desplazamientos hasta Gijón para llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes.
La implementación de esta medida, derivada de la creación de la Sección Territorial de Violencia sobre la Mujer en Gijón, tiene como consecuencia un aumento en los desplazamientos y los costos asociados. Además, esta modificación podría afectar la rapidez con la que las víctimas acceden a la justicia, debido a la distancia que deben recorrer para tramitar sus denuncias.
Reubicación de procedimientos judiciales
Con la nueva comarcalización, una vez presentada la denuncia inicial ante la Guardia Civil local, tanto el denunciante como el denunciado deben trasladarse hasta Gijón para completar todas las actuaciones legales. Este cambio centraliza los procesos en la Sección Territorial de Violencia sobre la Mujer, ubicada en la capital asturiana.
Este procedimiento afecta a concejos como Amieva, Ponga, Onís, Parres y Ribadesella, que ahora deben desplazarse a Gijón para gestionar los casos penales y civiles relacionados con la violencia de género, lo que representa una modificación significativa respecto a la administración previa, donde los procesos podían realizarse en localidades más cercanas.
Impacto económico y logístico
El Decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González Busto, expresó a la teniente de alcalde de Cangas de Onís, Marifé Gómez, que los nuevos desplazamientos implican un incremento de costes para los residentes del partido judicial. Este aumento se deriva de los gastos de transporte y tiempo adicional dedicado a los desplazamientos.
CC.OO también se opone
Desde el sindicato CC.OO. hacían pública también ayer una nota en la que muestran su oposición a la Real Decreto 422/2025 publicado el 4 de junio en el BOE, el Ministerio de Justicia ha acordado la creación de 42 nuevas plazas de jueces y juezas con especialización para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer que formarán parte de los nuevos Tribunales de Instancia, entre ellas, la plaza número 2 de la Sección de VSM del Tribunal de Instancia de Gijón. Lo que se conoce como la Comarcalización de los Juzgados de Violencia de Género.
Desde Comisiones apuntan, como lo hacen desde el Colegio de Abogados de Oviedo, que la comarcalización de las Secciones de Violencia sobre la Mujer supondrá que en muchos casos las víctimas tendrán que desplazarse varias decenas de kilómetros al municipio en que tenga su sede dicha Sección, poniendo en riesgo su seguridad, o que sean atendidos por el juez o la jueza por videoconferencia, con lo que se perderá toda inmediación y cercanía necesaria en estos procedimientos, dificultando que las víctimas puedan describir su situación y necesidades con la intimidad y el apoyo que necesitan.
Para el sindicato «alejar la justicia de las personas necesitadas de su tutela, es dificultar el camino a su consecución y, por tanto, nunca es una buena solución. Cuando esa persona es especialmente vulnerable por ser víctima de una violencia que constituye una lacra social es, además, revictimización y constituye un desincentivo para la denuncia».
