La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal a la que se atribuye un fraude de más de 12 millones de euros en materia de IVA en el sector de los hidrocarburos, en dos ejercicios fiscales: 2022 y 2023. La Operación Capibara ha permitido destapar un complejo entramado societario liderado por una persona, afincada en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, que contaba con una vasta red de colaboradores, incluidos financiadores y testaferros. Hay 10 personas detenidas por su presunta responsabilidad en delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal -seis detenidos en la provincia de Málaga, y los otros cuatro, en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias-.
Agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEF- de la Comisaría Provincial de Málaga, con colaboración de la Agencia Tributaria en auxilio judicial, iniciaron a principios de año la investigación. Tras las primeras pesquisas, los agentes constataron cómo los sospechosos operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal -mayorista de hidrocarburos-, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto. Más tarde, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras, solicitando un aplazamiento de pago. Todo ello sin que se dieran los requisitos a nivel legal necesarios para tal solicitud y con la intención desde un primer momento de no ingresar la cantidad adeudada en Hacienda.
Finalmente, el día 8 de julio, y bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se practicó de forma coordinada en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya la explotación de la operación, que se saldó con 10 personas detenidas, la intervención de 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación pendiente de analizar. A la organización se le atribuye la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los 10 millones de euros y respecto de los que se han tomado medidas por parte de la autoridad judicial para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
