La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Cándido Vega, exalcalde de Ponga, por lo que tendrá que entrar en prisión. El fallo, para el que no cabe alegación ordinaria y que confirmaría la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo en 2022, mantiene la condena dictada contra Vega de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Este fallo es el segundo que Vega recibe en su contra ya que, tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Oviedo, recurrió al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que desestimó íntegramente el recurso y le impuso además el abono de las costas, para hacerlo finalmente al Supremo, que ha rechazado todos los argumentos fundamentales de la defensa legal del exalcalde de Ponga.
Más allá de los delitos de los que se le acusa, el Supremo ha querido puntualizar en su sentencia sobre la sospecha explicita de que el proceso penal contra Vega es un juicio «claramente político, derivado de una de las múltiples denuncias presentadas por la actual alcaldesa contra el acusado». Algo que el Tribunal Supremo de Justicia afea indicando que la intencionalidad de la defensa es «descalificar la veracidad del testimonio de la actual alcaldesa» para puntualizar después que «es más que evidente que los delitos por los que Cándido Vega ha sido condenado han tenido como escenario una corporación municipal» sin que eso signifique que no ha habido conducta delictiva.
El Tribunal Supremo de Justicia afea la intencionalidad de la defensa de poner en duda el testimonio de la alcaldesa de Ponga
La lista de delitos y el principio de igualdad, reflejados la sentencia del TSJ
Además de repasar en su escrito los gastos derivados de la defensa de dos palistas sin vinculación con el consistorio o los honorarios legales de la Plataforma Pro Derechos de los Ponguetos, vinculada políticamente al partido del que formaba parte Vega; el Supremo también refleja el listado de todos aquellos pagos realizados por Cándido Vega con dinero público entre los que constan hasta 10 minutas abonadas con fondos del ayuntamiento de Ponga para su defensa personal como alcalde, o cerca de 1.000 euros en taxis para la asistencia a juicios en los que estaba imputado.
Tampoco pasa por alto el Supremo el argumento de la defensa de que existe una vulneración del principio de igualdad, al considerar que la condena del exalcalde de Ponga es desigual con respecta a la de la secretaria-interventora, exenta de responsabilidad criminal. En este punto, el Supremo asegura que «la queja no es viable» como también lo hace respecto a la afirmación de los abogados de Vega de que el condenado no conoce las leyes, argumento desmontado por el TSJ alegando que «las advertencias y reparos de ilegalidad formulados por la secretaria-interventora de la corporación neutralizan la tesis de la defensa».
La sentencia del TSJ, que ya solo podría ser recurrida ante el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La alcaldesa de Ponga «no tiene nada que decir»
Ante el conocimiento de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y tras consultar EL FIELATO a la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, la respuesta es clara: «El Ayuntamiento de Ponga no tiene nada que decir sobre la condena de Cándido Vega porque la Justicia lo ha dicho todo». «Es un proceso garantista, teniendo en cuenta que ha pasado por tres tribunales», continuaba Alonso, «cuando tres tribunales se pronuncian en la misma línea, está claro que las acusaciones eran ciertas».
Debe cumplir su condena, que es lo que ha estipulado la Justicia
La alcaldesa de Ponga afirmó que al Ayuntamiento de Ponga esta sentencia «ni le va ni le viene a efectos prácticos; lo que sí le importa es que los acusados devuelvan el dinero que aún adeudan al Ayuntamiento de Ponga, que entre costas, gastos y dietas suman 100.000 euros sin calcular los intereses y es importante que se devuelva porque va a repercutir en la vida de los vecinos y vecinas, en sus servicios, en obras... o en cualquier otra cuestión que mejore su calidad de vida».
Marta Alonso afirmaba que su opinión sobre este proceso penal es «la misma que hace 10 años» y asegura que «a quien hay que pedir opinión es a sus compañeros y correligionarios, que son los del Partido Popular de Ponga y que en estos días han estado difundiendo un escrito con intereses políticos». «Yo no he ido de la mano ni he apoyado nunca a ningún corrupto, ni vivo de ellos, ni lo voy a hacer nunca», sentenciaba, «y eso me permite tener la plena libertad de opinar lo que mi conciencia y mi moral me permiten».
