POLÍTICA

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exalcalde de Ponga, Cándido Vega

Él y dos de los que fueron sus concejales están imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos.

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Piden cárcel para el exalcalde de Ponga

 

Cinco años de prisión y diez años de inhabilitación. Eso es lo que pide la Fiscalía para el exalcalde de Ponga, Cándido Vega (actual secretario general de la agrupación pongueta de Foro Asturias), a quien acusa de delitos continuados de prevaricación (delito en el que sería reincidente) y malversación de caudales públicos. 

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La Fiscalía imputa a Vega por cargar al Ayuntamiento de Ponga facturas personales por importe de 20.396 euros durante su etapa como alcalde y que corresponderían al pago de los honorarios de abogados y procuradores que le defendieron cuando la Audiencia Provincial le condenó por prevaricación a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; así como la defensa de los dos palistas encausados como él por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. De aquel juicio en Oviedo, Vega también habría cargado a las arcas municipales facturas de comidas y de taxis de las personas que le acompañaban y se manifestaban defendiendo su inocencia.

El exedil de Ponga hizo caso omiso a los informes y reparaos de la secretaria-interventora municipal y, a través de un decreto, “siguió pasando facturas de sus intereses particulares y de otras personas ajenas a la actividad municipal”, apunta en su escrito la Fiscalía.

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Cándido Vega con vecinos y compañeros políticos que defendían su inocencia en el año 2010, en una manifestación celebrada en San Juan de Beleño. Durante el juicio que se celebró en Oviedo cargó al Ayuntamiento los viajes en taxi y las comidas de muchos que fueron a darle ánimos.

Indemnización al Ayuntamiento

Si finalmente Cándido Vega resulta condenado tendrá que indemnizar al Ayuntamiento de ponga con 18.743 euros y hacer frente a otros 8.993 euros junto con los otros dos acusados, que son dos de los concejales de su corporación, Víctor Ibáñez y Ángel María Collado, para quien la Fiscalía solicita  una pena  de dos años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación respectivamente como presuntos coautores en sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales.