El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), convocó un pleno extraordinario, que se celebró el pasado lunes, para que le echaran un salvavidas los grupos de la oposición: PSOE y PP, que lo primero que hicieron fue afearle que no les hubiese facilitado la documentación sobre lo que se iba a tratar en el pleno.
El Ayuntamiento está cometiendo «un delito claro de malversación de caudales públicos» al contratar con otras empresas trabajos eléctricos que vienen recogidos en el contrato de Gremoba
Toyos pidió a la oposición la creación de una mesa de trabajo o comisión, para rescindir el contrato con la empresa Gremoba, que se encarga de la gestión integral de los servicios energéticos municipales desde el mes de agosto de 2016. El alcalde apuntó como motivo para romper el contrato «el continuo incumplimiento» del mismo.
Ni el PP y el PSOE aceptaron la propuesta del alcalde. Justino Pérez, edil del PP, le recordó que «nadie en el Ayuntamiento ha requerido a la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales», que sería el primer paso que se debería haber dado.
Javier Brea, portavoz popular, fue más allá y calificó de «dejadez total» la gestión y control del contrato, asegurando que el Ayuntamiento está cometiendo «un delito claro de malversación de caudales públicos» al contratar con otras empresas trabajos eléctricos que vienen recogidos en el contrato de Gremoba. «Se están duplicando pagos al estar recogidos en el pliego de condiciones técnicas», añadió el portavoz de los conservadores.
Socialistas y populares conocieron durante el pleno que la deuda del Ayuntamiento con la empresa asciende a 557.000 euros: 99.000 de facturas reconocidas por el Ayuntamiento y otros 457.000 de facturas no reconocidas o anuladas por estar en desacuerdo con los importes.
«Entre mentira y mentira, hoy descubrimos esta deuda que pasa del medio millón de euros. El alcalde hace todo a espaldas de los grupos municipales y, cuando no sabe como salir del entuerto, nos plantea una comisión para salir en su ayuda, obviamente comisión que le hemos denegado», abundó Brea quien fue más allá al apuntar que «el desconocimiento del contrato por parte del alcalde, así como la sucesión de contrataciones de trabajos contemplados en el objeto del contrato, pone presuntamente al alcalde en el lado oscuro de la ley».
